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25 junio, 2024

El Gobierno descubrió un dato oscuro que complica a la prepaga que pidió la quiebra y a la gestión kirchnerista

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La noticia de que la prepaga Servin Life S.A. pidió la quiebra en la Justicia encendió la alarma en el Gobierno. En los últimos días, según pudo saber Clarín, en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estuvieron investigando el caso y finalmente llegaron a una conclusión que complica tanto a la empresa como a la gestión kirchnerista. “Servin Life era una empresa trucha”, aseguraron fuentes oficiales.

“No estaba inscripta en la Superintendencia como empresa de medicina prepaga, con lo cual estaba en una situación completamente irregular”, aseguraron las fuentes, que confirmaron que en esa oficina existen más de 600 empresas registradas. Además, dijeron que podría haber más prepagas en funciones con la misma situación irregular.

Este último dato lo abona también la explicación que dieron a Clarín desde la propia prepaga. Sus apoderados admitieron que la empresa no estaba inscripta en la SSS y dieron sus argumentos: “En 2019 Servin Life recibió un número de trámite provisorio y después suspendieron el otorgamiento de nuevas inscripciones. La Superintendencia siempre fue un desastre. Nadie daba respuesta. Era todo on line y no te contestaban los correos”.

Hay que tener en cuenta que a comienzos de 2020 comenzó la pandemia de Covid, pero los representantes de esta prepaga aseguraron que “después de la pandemia todo siguió igual. Y cuando cambió el Gobierno no se intentó regularizar la situación porque ya se estaba en otra cosa, en pleno concurso de acreedores”. Admitieron que “en teoría la prepaga no debería haber operado sin estar inscripta, pero en la Superintendencia no te atendían”.

Servin Life era originalmente una prestadora de servicios de internación domiciliaria y desde 2019 empezó a funcionar también como prepaga -ese año figura en el Boletín Oficial la elección de autoridades-, al absorber parte de la cartera de clientes de otra prepaga, Valmed. En su mejor momento tuvo -según la empresa- unos 2.800 afiliados. Fuentes de la SSS dijeron a Clarín que “se inició un sumario interno para averiguar por qué Servin Life viene funcionando hace años sin estar registrada”.

Gabriel Oriolo, actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que puso en evidencia que la prepaga no estaba inscripta.Gabriel Oriolo, actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que puso en evidencia que la prepaga no estaba inscripta.“La situación de esta empresa es una clara evidencia de lo que pasó en la Superintendencia de Servicios de Salud en los últimos años: nadie controlaba nada y por eso existían empresas como ésta”, agregaron las fuentes que ahora investigan estas irregularidades. Los afiliados se empezaron a enterar el último viernes por mail del cierre de prepaga.

Hay muchas prepagas chicas en Argentina. ¿Cómo saber si una cobertura de salud es sólida y confiable? Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) le dijeron a este medio que a partir de la crisis de Servin Life mandaron a pedir informes sobre la situación financiera de todas las prepagas del país, ante la preocupación de que pueda producirse un “efecto contagio”.

En la SSS, en tanto, aseguraron que “esta gestión comenzó un proceso para que el organismo vuelva a cumplir con su función principal, que es la de fiscalizar a los agentes del sistema de salud. Para eso se están realizando auditorías y se está solicitando información que antes no se pedía: balances, contratos con obras sociales y prestadores, y se están verificando cartillas”.

Qué pasará con los afiliados de Servin Life

Más allá de tratarse de una empresa que -según todas las fuentes coinciden- ha estado operando en condiciones irregulares -dato que muy probablemente sus afiliados desconocían-, Clarín preguntó a los voceros oficiales del Gobierno cuál va a ser el destino de los afiliados que ya fueron comunicados por la prepaga sobre su cierre.

La pregunta se refiere a que el DNU 70 en su artículo 267 derogó el inciso m) del artículo 5 de la Ley N° 26.682, que ordenaba a la autoridad de aplicación “transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota”.

Según el Gobierno, las prepagas reclamaban no tener la obligación de absorber a afiliados de empresas que cierran, lo que fue plasmado en el DNU 70.Según el Gobierno, las prepagas reclamaban no tener la obligación de absorber a afiliados de empresas que cierran, lo que fue plasmado en el DNU 70.La respuesta del Gobierno hoy, ante la posibilidad real del cierre de una prepaga, no se ha modificado con respecto a la letra del decreto: “Todo esto se realiza con el objetivo de garantizar la libre competencia entre los distintos actores del mercado y la libertad de elección de los beneficiarios”, señalaron.

Cuando Clarín quiso saber por la dificultad que tendrían sobre todo los adultos mayores y la gente con enfermedades preexistentes para ser aceptados voluntariamente en otra prepaga, las fuentes dijeron que “el sistema de salud también cuenta con obras sociales y la salud pública como opciones”. Además, admitieron que el haberles quitado a las prepagas la obligación de recibir afiliados de otra empresa que cierra era un reclamo de las mismas empresas.

Ante esa respuesta, este medio consultó a Hugo Magonza, presidente de la UAS (que agrupa a prepagas y prestadoras), sobre cuál sería la solución para la gente que se queda sin cobertura por el cierre de una prepaga. “La solución de base es la combinación de coberturas, por las que la gente ya pagó o sigue pagando. La posibilidad de planes complementarios de salud, que integren la cobertura pública, de la seguridad social, incluyendo al PAMI y a las obras sociales provinciales y especiales creadas por ley”.

Magonza agregó que “de esta manera, con un plan a medida de lo que puede pagar la gente y completando alto costo con el sistema publico o el PAMI, entre otros, nadie se quedaría sin cobertura. Si se establece un plan basado en la atención primaria y protocolos de buenas prácticas, sin incluir discapacidad social (que se lleva el 80 por ciento del fondo de las obras sociales) incluso geriatría (que nunca debió formar parte de la cobertura médica) y los tratamientos de alto precio, los costos no sólo bajarían dramáticamente, sino que no subirían a la velocidad actual”.

PS

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